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Torra rechaza quitar los lazos amarillos y acusa de «ausencia de imparcialidad» a la Junta Electoral Central

  • El presidente de la Generalitat ha presentado un recurso en el que alega su "deber de respetar la libertad de expresión"

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Boletines RNE – Quim Torra mantiene lazos amarillos y esteladas

De este modo, Torra ha manifestado "la dificultad legal para cumplir el requerimiento en sus justos términos" y ha invocado su "deber legal de respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos" que trabajan en los edificios de la Generalitat.

Asimismo, el presidente de la Generalitat ha acusdado a la JEC de incurrir en una "ausencia de imparcialidad", ya que, al prohibir esos símbolos en favor de los líderes independentistas encausados por el 1-O, está "reconociendo unos ideales de partidos que concurren a las elecciones" y que están en contra.

Esta respuesta llega después de que el la Generalitat anunciara una respuesta "combativa" a la orden y, por ahora, la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", en catalán e inglés, junto a un lazo amarillo sigue colgando en la fachada del Palau.

"Reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta"

En el documento, Torra acusa a la JEC de estar "favoreciendo los postulados" de los partidos que han defendido la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos y cree que la resolución "lejos de mantener la neutralidad política" da la razón a aquellos que "han atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública".

En su recurso, Torra define la bandera estelada como un símbolo "que representa un anhelo de libertar y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta", por lo que rechaza la afirmación de la Junta que califica esta bandera como "un símbolo partidista utilizado por formaciones políticas concurrentes a las elecciones". 

El Parlament reconoce de esta forma la estelada desde 2014, recuerda Torra, y "no consta que ninguna institcuión del estado haya cuestionado" esta resolución. Por tanto, asevera, "supone una interpretación subjetiva que no corresponde con la realidad ni con la voluntad popular expresada por los representantes de la ciudadanía en sede parlamentaria". 

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