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Reconstruir y avanzar

Ha llegado la hora de levantar un nuevo contrato social que garantice los derechos de la ciudadanía y profundice la democracia

El 15 de mayo de 2011 miles de personas llenaron las plazas españolas pidiendo el fin de los recortes sociales y laborales. Hoy retomamos ese mandato popular, y asumimos el reto de formar parte de un Gobierno que reconstruya aquello que las políticas de austeridad derribaron: ha llegado la hora de levantar un nuevo contrato social que garantice los derechos de la ciudadanía y profundice la democracia.

España ha sufrido una auténtica “década perdida”, debido a que las políticas de austeridad fiscal y salarial agravaron la Gran Recesión. Es más, a muchas familias —que experimentaron un fuerte deterioro de su situación económica— la recuperación del crecimiento no les ha devuelto el bienestar, debido a que el empleo creado desde 2015 se caracteriza por un alto nivel de precariedad. España es el país con la tasa de temporalidad más elevada de la UE (26%) y muchas personas encadenan contratos de muy corta duración sin garantías para desarrollar proyectos estables de futuro (el 13% de los que trabajan son pobres).

El Gobierno de coalición es una oportunidad para cambiar esta situación, como estamos empezando a ver con las primeras medidas que hemos adoptado: hemos llevado el SMI —en el marco del diálogo social— hasta los 950 euros, se han actualizado las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, y hemos puesto punto y final al despido por bajas médicas justificadas. Próximamente abordaremos la mejora de las prestaciones sociales con una subida del índice de referencia (IPREM). Pero queda aún mucho trabajo para reconstruir lo que otros destruyeron, y avanzar y profundizar en nuestro modelo social.

En primer lugar, debemos impulsar programas de inversión que contribuyan a mantener el crecimiento económico en un contexto internacional de desaceleración, y que permitan abordar retos como el cambio climático, la transición energética o la digitalización. La inversión pública en España —tras los recortes del PP— se sitúa al mismo nivel que hace dos décadas. España necesita cambiar su modelo productivo y reforzar su capacidad innovadora, y esto solo es posible con el liderazgo de la inversión pública.

Además, y como dice el texto del acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE, debemos aplicar con decisión políticas que permitan “situar a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa”. Uno de los factores que explica el ascenso de la ultraderecha en la UE es la falta de expectativas de futuro y la inseguridad en la que se encuentran muchas personas, precisamente, por el abandono de las políticas sociales y el deterioro de los Estados del Bienestar.

Por eso, una de las principales tareas del nuevo Gobierno debe ser dar un fuerte impulso a los derechos sociales de la ciudadanía. Esto implicará defender los pilares tradicionales del Estado del Bienestar, potenciando la educación y la sanidad, y salvaguardando pensiones públicas dignas y actualizadas por ley. Pero también resulta necesario impulsar otro tipo de políticas de bienestar que se encuentran muy poco desarrolladas en España. Un ejemplo significativo es la implementación de un programa estatal de ingresos mínimos que refuerce los actuales sistemas regionales y aborde el grave problema de la pobreza infantil. En nuestro país apenas se ha desarrollado el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar. Es la hora de darle un impulso definitivo, avanzando en nuevos derechos que en España están por construir: desarrollar nuestros frágiles servicios sociales; invertir en un sistema público, universal y de calidad de atención a la dependencia; y asegurar el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años.

Estas políticas tienen elementos en común que resultan cruciales: consolidan derechos de ciudadanía que deben garantizarse por los poderes públicos, contribuyen a la creación de empleo de calidad y juegan un papel determinante en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Acompañadas de otras medidas, como los permisos parentales iguales para ambos progenitores, intransferibles y 100% retribuidos —que ya hemos impulsado en el Congreso— o la reducción de jornada laboral y la reordenación de los horarios laborales, estas políticas contribuirán a la conciliación de la vida personal y laboral, y a reorganizar las tareas de cuidados en nuestra sociedad, facilitando la integración laboral de las mujeres y la igualdad de género.

Finalmente, como Gobierno comprometido con los derechos sociales no podemos olvidar que los derechos laborales han sufrido un fuerte deterioro en España como consecuencia de la reforma laboral de 2012. Contrariamente a lo que a veces se sostiene, esta reforma fue un sacrificio inútil: a pesar de erosionar los salarios, no ha mejorado la competitividad de nuestras empresas ni ha creado más empleo. Debemos por tanto revisar la situación, y dar paso a un nuevo marco de relaciones laborales que garantice la calidad y la estabilidad del empleo.

Pablo Iglesias es vicepresidente segundo del Gobierno.

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