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Reconstrucción

El Gobierno debe presentar un plan pactado con la oposición

Esta recesión será igual de mala o peor que la de 2009 y todo el mundo recuerda aún cómo se salió de ella: ciudadanos más pobres, más desiguales, más precarios y menos protegidos socialmente. Los augurios expresados hace pocos días por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ya no son una hipótesis, se han convertido en una realidad: en España, la actividad del sector servicios (el más importante en la economía nacional) registró en marzo un hundimiento sin precedentes, por debajo de los mínimos del año 2009, y los datos del paro registrado definen una catástrofe: desde que comenzaron a notarse las consecuencias del parón productivo, en apenas dos semanas, casi 900.000 personas dejaron de estar afiliadas a la Seguridad Social (con las consecuencias que ello tiene para las pensiones públicas) y más de 600.000 están afectadas por expedientes temporales de regulación de empleo. No hay constancia de una hecatombe tan profunda y tan rápida, ni siquiera si se compara con los primeros días de la Gran Depresión del siglo pasado.

Un Gobierno de coalición y en minoría parlamentaria se encuentra con una tarea hercúlea que de ninguna manera era imaginable en los programas ni en los debates electorales de hace apenas un trimestre, y que lo llevaron a la Moncloa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene ahora un único objetivo: la reconstrucción del país, devastado por una epidemia sanitaria que se salda, día a día, con centenares de muertos y contagiados, y por una recesión sin precedentes (que probablemente cambie pronto de naturaleza y se defina como una depresión) que incorpora cada jornada a miles de desempleados y centenares de empresas cerradas, muchas de las cuales no volverán a abrir a pesar de las voluntariosas ayudas que el propio Gobierno ha puesto en funcionamiento.

Más allá de seguir tomando con agilidad las medidas inmediatas para corregir en cada momento los efectos más crueles del doble shock, sanitario y económico, el Gobierno tiene que plantear un plan de reconstrucción del país, pactado con el mayor número de fuerzas de la oposición posible, y traducirlo después en unos Presupuestos Generales del Estado que serán su propia responsabilidad, pero que lógicamente reflejen el sentido de los pactos. Unos acuerdos alcanzados bajo la premisa de que ningún partido político por sí mismo cuenta con las respuestas y con las fuerzas suficientes para imponerlas al resto de la sociedad.

Uno de los elementos básicos de las democracias consiste en la confrontación de las ideas de los partidos políticos. Sin discusión no hay democracia. Pero al mismo tiempo hay una serie de principios básicos compartidos por la inmensa mayoría que son los que definen el terreno de juego y el equilibrio de la confrontación en cada momento, y que por acuerdo explícito o implícito se sustraen al debate cotidiano. Las fronteras entre lo sometido al debate cotidiano y lo que se deja fuera de él por mor de las circunstancias no es evidente ni estable. La confrontación en democracia es tan necesaria como el pacto, y la línea que separa ambos suele ser ambigua. En esta ocasión excepcional conviene precisarla: los pactos son imprescindibles, pero el Gobierno, gobierna.

Al Gobierno le corresponde presentar y lograr una mayoría suficiente para unos Presupuestos de expansión de la demanda y de protección social, que nunca más que ahora deben ser la principal herramienta de la acción política, y que nunca más que ahora deben ser realistas y evitar los voluntarismos y las añagazas de tiempos pasados. Esos Presupuestos tienen que tener presente que la capacidad de dar soluciones concretas a los problemas clave de los ciudadanos es la característica política que genera más legitimidad a un Gobierno; a su vez, la oposición debe tener en cuenta que la gravedad de la situación obliga a limitar en consecuencia las críticas extemporáneas y los programas máximos frente a la crisis.

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