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Memorial en Madrid

El Gobierno municipal del PP y Ciudadanos excluye los versos de Miguel Hernández

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox, ha decidido no incorporar unos versos del poeta Miguel Hernández al memorial del Cementerio de la Almudena concebido para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Con este veto, el alcalde José Luis Martínez Almeida y sus socios entierran un proyecto adoptado durante la anterior etapa municipal, liderada por Manuela Carmena, y dan una nueva muestra de su desprecio hacia la memoria histórica. Consiguen con ello hurtar a los familiares de las víctimas el justo reconocimiento y, al tiempo, profundizar en la estrategia de confrontación ideológica.

Las diferencias sobre la manera de abordar la memoria histórica se habían evidenciado previamente con la decisión del consistorio de retirar las placas con los nombres de casi 3.000 fusilados por el franquismo en Madrid entre los años 1939 y 1944. Estas láminas formaban parte de un proyecto que fue paralizado poco después de la formación del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos con el argumento de que no cumplía las recomendaciones del Comisionado de Memoria Histórica. Esta entidad propuso levantar dos monumentos: uno para cada bando. Una decisión salomónica cuestionada por diversas asociaciones por considerar que suponía poner en el mismo plano a quienes defendían la legalidad democrática y a quienes querían destruirla.

Fuera del memorial quedan también los versos de Miguel Hernández, que murió en marzo de 1942 en la enfermería de la prisión de Alicante tras ser condenado a muerte por un Tribunal del Consejo de Guerra Permanente de Madrid y su pena conmutada por 30 años y un día de cárcel. Frente a esta burda censura el consistorio alega que su objetivo es resignificar el monumento sin primar a unas víctimas sobre otras. Martínez Almeida parece olvidar que fueron precisamente las víctimas opuestas al dictador las que, perseguidas y represaliadas, han permanecido en el olvido durante décadas.

El consistorio madrileño no solo anula cualquier vestigio que suponga una mínima reparación a los perdedores de la Guerra Civil. Elude también los dictámenes de organismos internacionales, que han expresado su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo. La democracia debe un reconocimiento explícito a todos aquellos que fueron encarcelados o asesinados en los primeros años de la dictadura. Rememorar sus nombres significa recuperar su dignidad y presenta un acto de justicia. Esa es la labor que persigue la ley de memoria histórica que algunos políticos parecen preferir ignorar

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