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Las estaciones de AVE generaron un sobrecoste de 7.637 millones, un 186% más

El Tribunal de Cuentas vuelve a cuestionar la eficiencia económica de la alta velocidad, critica los soterramientos por caros y el bajo grado de ejecución de las obras

Las obras de la alta velocidad ferroviaria en España, tachadas en ocasiones de casi faraónicas, tienen en el Tribunal de Cuentas una de sus principales detractores. Y no es el que el órgano fiscalizador no reconozca los importantes ahorros de tiempo que se logran en los desplazamientos, es que números en mano da a entender que posiblemente no compensaría al erario público.

Al menos así se desprende de su último informe, publicado este jueves y muy severo con el aparente despilfarro en la construcción de estaciones de AVE. Y es que tras analizar las obras de 13 de estas infraestructuras entre 2002 y 2010, concluye que hubo un sobrecoste de 7.637 millones de euros, lo que representa casi tres veces más que la partida dedicada a la educación en el proyecto de Presupuestos para 2019.

Las responsables de ese desaguisado serían las Sociedades de Integración del Ferrocarril (SIF), participadas de forma mayoritaria por ADIF, el gestor público de las infraestructuras ferroviarias, junto a comunidades y ayuntamientos. El coste inicial de sus 13 convenios ascendía, en total, a 4.102 millones, pero a finales de 2016 el Tribunal estimaba que se había disparado a 11.738 millones, un 186% más.

Las estaciones de AVE investigadas son las de Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Y donde más se disparó el presupuesto fue en las capitales catalana y valenciana, un 269% en el primer caso (2.167 millones en total. 3,6 veces más que la suma inicial) y casi un 547,% en el segundo (2.965 millones, 6,5 veces más).

La factura de excesos financieros también resultó abultadas para llevar la alta velocidad a Alicante (396% de sobrecoste) y Cartagena (282%) también resultó muy albultada. Sin embargo, pareció aproximarse a niveles más asumibles para este tipo de trabajos en las estaciones de Almería (30%), Vitoria (27%) y Palencia (30%). Eso sí, en el informe se advierte que las tres coinciden con convenios con bajo grado de ejecución, lo que hace presumir que pueden terminar disparándose igualmente cuando se vuelva a actualizar este análisis con los datos de 2017, 2018 y, llegado el caso, incluso 2019.

Pero yendo más allá, el Tribunal profundiza en su crítica por encima de los saldos contables. Así, critica con firmeza el reducido grado de ejecución de los trabajos en bastantes de estaciones pues, de media, solo alcanzaba el 29,4%. En los casos de Almería, Murcia, Vitoria y Cartagena ni siquiera se había llegado al 2%, aunque puede explicarse en buena medida por ser los últimos proyectos de ADIF en marcha. Solo en dos de las ciudades se habían finalizado, al menos, el 50% de las obras, destacando Zaragoza (81%).

Reclama mayor «realismo»

La censura del órgano fiscalizador también alcanza el método técnico elegido para llevar el AVE hasta esas 13 capitales de provincia. Así, advierte del «elevado coste» que supone optar por la fórmula del soterramiento de vías, pues afirma que «no es imprescindible para garantizar un buen servicio, ni la funcionalidad de la red ferroviaria«. Por eso insta al Ministerio de Fomento, del que depende ADIF, a elaborar planes de financiación para el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria con «criterios realistas», pensando en el corto y medio plazo y no solo en una generación de plusvalías urbanísticas »de realización incierta«.

No obstante, en las alegaciones formulada por dicha sociedad pública se insiste en que la crisis afectó de forma negativa a sus cálculos presupuestarios iniciales, entre otras cosas porque pensaba obtener por las ventas de terrenos unos recursos (plusvalías) considerablemente mayores de los que finalmente pudo sacar. De hecho, los sobrecostes por actuaciones urbanísticas se fueron hasta los 1.221 millones, pero también se elevaron mucho los relativos a gastos operativos para sumar 634 millones. Con todo, el pasivo financiero conjunto de las 13 SIF a finales de 2016 llegaba a 1.126 millones, suma que terminó engrosando la ya de por sí elevada deuda pública.

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