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La jueza revoca el tercer grado concedido a Oriol Pujol por la Generalitat tras la sentencia de las ITV

  • Estima el recurso presentado por la Fiscalía y revoca así el tercer grado que la Generalitat le concedió en marzo  
  • Se le concedió dos meses de que ingresara en prisión para cumplir dos años y medio por el caso de las ITV

La Fiscalía recurre el tercer grado del exdirigente de CDC

EFE

La jueza de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió en marzo pasado al exdirigente de CDC Oriol Pujol a los dos meses de haber ingresado en prisión para cumplir la pena de dos años y medio que se le impuso por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV.

En un auto, que se puede recurrir, la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 de Cataluña estima el recurso de la Fiscalía contra la resolución de la Dirección de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat y revoca el tercer grado concedido el pasado 21 de marzo al único hijo del expresidente catalán Jordi Pujol que se dedicó a la política.

La jueza apunta que la clasificación de Pujol en tercer grado penitenciario no se hizo “conforme” al derecho y establece que se comunique la decisión al centro penitenciario para su cumplimiento.

El tercer grado es una modalidad de cumplimiento adecuada "en determinados supuestos", según recoge el auto, una vez "cumplido el objeto y finalidad del tratamiento penitenciario", y en su concesión deben concurrir "excepcionales motivos" cuando el penado no ha realizado ningún tratamiento o este resulta "mínimo" dado el tiempo de ingreso. Apunta además en este caso que "ni siquiera se tiene extinguida la cuarta parte de la condena".  

La Fiscalía había advertido de que conceder el tercer grado a Oriol Pujol transmitía a la sociedad "un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir" y de que "la ley no es igual para todos", al no castigarse "con la misma severidad" a los delincuentes con "elevado estatus social" respecto a los "desfavorecidos".

Concesión del tercer grado a Oriol Pujol

La Generalitat concedió el régimen abierto al exdiputado de CiU y exdirigente de CDC Oriol Pujol, el pasado 22 de marzo, cuando se cumplían poco más de dos meses de su ingreso en prisión para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel.

Tras hacer efectiva la concesión del tercer grado en la reunión de la Junta de Tratamiento de Brians 2, Oriol Pujol fue trasladado a un centro de régimen abierto, donde solo acude a dormir cada día, excepto los fines de semana.

La decisión final la adoptó la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia que ratificó el tercer grado penitenciario que la Junta de Tratamiento de Brians 2 propuso, de forma unánime, para el hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Oriol Pujol ingresó el pasado 17 de enero en la cárcel Brians 2, dentro del plazo que el tribunal le dio para entrar de forma voluntaria en prisión, para cumplir la condena de dos años y medio que él mismo aceptó, en una sentencia de conformidad, por cobrar comisiones ilegales y usar su influencia política para favorecer a empresarios afines en el llamado caso ITV.

Concesión del régimen abierto

Una vez en régimen abierto, Oriol Pujol puede salir para trabajar, realizar actividades formativas o de tratamiento para su reinserción, con la obligación de permanecer en el recinto un mínimo de ocho horas.

Para proponer un tercer grado, la Junta de Tratamiento tiene en cuenta la duración de la condena, así como factores como el riesgo de reincidencia, el pago de la responsabilidad civil impuesta al condenado, el condenado ha abonado, sus características personales y laborales, el apoyo familiar, su conducta y si es su primera pena de prisión.

La familia Pujol está siendo investigada en la Audiencia Nacional por mantener una fortuna oculta al fisco en Andorra. Pero, además, Oriol tuvo que someterse a juicio por el presunto cobro de comisiones de las ITV.

El pasado mes julio pactó con la Fiscalía Anticorrupción una condena de dos años y medio de cárcel, evitando ser juzgado por un jurado popular. Reconoció haber cobrado 443.660 euros en comisiones por el cobro de facturas falsas a través de varias personas interpuestas.

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