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El precio de la luz volverá a subir en abril tras acabar la moratoria al impuesto de generación

La ministra Ribera argumenta la cercanía de las elecciones para no prorrogar una medida que, según el sector, ha reducido de media un 3% la factura eléctrica

El recibo de la luz probablemente termine encareciéndose en abril, si bien en función en última instancia de cómo se comporte la climatología. El fin de la moratoria del Gobierno al impuesto a la generación eléctrica, que comenzó a aplicarse el 1 de octubre pasado y concluirá el 31 de marzo, encarecerá los costes de las compañías del sector y éstas lo repercutirán de nuevo en la factura. Pero, ¿cuánto podría subir? Según las propias compañías un 3% de media, aunque siempre que se trate de clientes acogidos a la tarifa regulada (PVPC), un 42% del total. El resto (58%) dependerían de los contratos formalizados libremente con sus comercializadoras de energía.

Al menos ese el cálculo que hicieron, aunque a la inversa, cuando el Ejecutivo «suspendió» la aplicación de dicho tributo durante seis meses, algo que se produjo tras un verano especialmente negativo para los consumidores por las subidas casi continuadas del precio de la luz; de hecho, septiembre fue el mes del año con los valores más altos. El impuesto en cuestión grava en un 7% la actividad de las compañías productoras, un tipo que durante este tiempo ha quedado relegado «prácticamente al 0%» dado que, en realidad, no se ha llegado a aparcar el gravamen.

Entonces se intentó matizar la rebaja que se podía esperar en los precios que registra el 'pool' que sirve para conformar el coste del kilovatio/hora (Kwh) consumido, dado que también entran en juego diferentes factores del mercado: desde los precios de las materias primas (petróleo y sus derivados, por ejemplo) hasta el coste de emitir dióxido de carbono (CO2) y la producción de renovables en cada momento. El Estado ingresó 1.510 millones de euros en 2017 por el impuesto a la generación, creado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy para cubrir el déficit de tarifa.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, argumentó este lunes que no tienen «capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para prorrogar su suspensión por la cercanía de las elecciones del 28 de abril, aunque técnicamente habría cabido hacerlo con un decreto-ley (como en octubre) que aprobase el Consejo de Ministros y se remitiera luego a la Diputación Permanente del Congreso para su refrendo antes de un mes. No obstante, sí dejó dicha medida pendiente de cara a la «cesta» de tributos que el Gobierno quiere revisar a medio plazo -en función de lo que deparen las urnas- para actualizar la fiscalidad del sistema energético.

Reforma fiscal

Será en cualquier caso un cambio «muy complejo», advirtió la ministra, porque existe en el sector «una fiscalidad cruzada que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad». A priori, donde resultaría muy difícil actuar es sobre el tipo del 21% en el IVA que se aplica a la luz, puesto que depende de las directrices de la UE, mientras que sí sería factible hacerlo sobre en el llamado impuesto a la electricidad (del 5,1%) que paga directamente el consumidor en la factura.

El recibo medio de la luz se abarató un 5,4% en febrero, según los datos obtenidos a través del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hasta quedar su coste en aproximadamente 63 euros. Sería el caso, por ejemplo, de un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos. No obstante, el mes pasado se vio favorecido por un descenso en los precios mayoristas gracias a las altas temperaturas, que han reducido el coste del gas y elevado la aportación renovable de la energía fotovoltaica.

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